CDP y Sociedad de Diarios sorprendidos con aprobación ley sobre protección a la intimidad

Representantes de los medios de comunicación dominicanos se mostraron sorprendidos con la aprobación, ya en segunda lectura, por parte del Senado de la República, de la propuesta de ley orgánica que regula el derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen. 

Recalcaron la necesidad de que la iniciativa sea debatida ampliamente con los distintos sectores que se verían impactados por la aplicación de esa pieza legislativa.

El presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Aurelio Henríquez, dijo haberse sorprendido con la forma a la ligera con que fue aprobada. 

Desde que el Senado aprobó la iniciativa en primera lectura, el Colegio, lo mismo que la Sociedad Dominicana de Diarios, alertaron sobre el riesgo que esa disposición supone al ejercicio de la libertad de expresión, tanto para los medios de comunicación como para la ciudadanía en general.

Con fines de consenso, Henríquez dijo que invitó a la proponente, la senadora Melania Salvador, a un conversatorio para exponer los puntos de interés, por lo que cuestionó que, aun el encuentro no se ha dado, ya los senadores aprobaron la pieza en dos lecturas.

Insiste en que la propuesta, debe ser más estudiada y consensuada, pues tiene aspectos que puedan dar pie a la censura previa, y con esa finalidad está organizando con conversatorio para el próximo 4 de junio con expertos en temas de derecho para recabar opiniones de especialista que luego pasarán a los diputados que deben ahora conocer la pieza. 

“Nosotros estamos conscientes de que se debe regular, pero por ser una ley orgánica debe ser más consensuada, y no aprobarse a la ligera como ha ocurrido”, dijo el periodista que teme que los legisladores estén buscando aluna protección en el cuestionamiento a su accionar al aprobar esta propuesta.

Igual se expresó Enmanuel Castillo, vicepresidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, quien entiende que la pieza debe ir a vistas públicas. “Yo no sabría decirte las motivaciones de la premura, pero lo que hay que tomar en cuenta es que se trata de un tema muy sensible y que debe ser tratado de otra manera, no de una manera sorprendente, que sorprenda a la gente y a los medios de comunicación”.

Castillo recordó que desde hace tiempo se plantea una reforma a la Ley 3162 sobre Libre Expresión y Difusión del Pensamiento y que ese proyecto debería conocerse y airear ambas propuestas en un consenso más amplio con los distintos sectores de la sociedad civil.

También el diputado Elpidio Báez entiende que, por la sensibilidad del proyecto, que afecta un derecho fundamental como la libre difusión del pensamiento, la Comisión Permanente de Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados que preside se reunirá con los distintos sectores que se podrían ver afectados con la pieza.

Resalta que la propuesta afecta el acceso a la información pública, por lo que la comisión promoverá la más amplia consulta y, si evidencian que se vulnera la Constitución, harán las reparaciones correspondientes, dice.

Instaura la prisión preventiva

De convertirse en ley la propuesta como fue a probada en el Senado, los periodistas podrían ir a la cárcel, en prisión preventiva, por el delito de difamación e injuria, deduce el abogado Cándido Simón Polanco.

Parte del análisis del artículo 7 de la iniciativa, en el que se establece el derecho fundamental al buen nombre que, según el abogado, es de redacción difusa y genérica.

“Tiene de grave que termina siendo un tipo penal regido por el Código Penal que puede implicar prisión preventiva por ser de acción penal pública, aunque fuere por un medio de comunicación, diferente al tipo de la ley 6132 (sobre Expresión y Difusión del Pensamiento) que expresamente prohíbe la prisión preventiva”.

Simón Polanco entiende que el proyecto de ley, si bien está sustentado en un mandato constitucional por «reserva de ley«, es más restrictivo que regulatorio, por eso mantiene la difamación e injuria como tipos penales, contrario a la doctrinal internacional moderna que establece que las penas son una modalidad de censura previa que afecta el ejercicio del periodismo y la libertad de prensa.

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