Los anuncios y defensas de Danilo Medina en sus seis rendiciones de cuentas

cuentas al país por séptima vez. Las alocuciones de 2017 y 2018 duraron poco más de dos horas y, como acostumbra el mandatario, además de presentar su rendición, hace anuncios a futuro o reflexiona sobre algún tema del momento, como la vez que se refirió al espinoso caso Odebrecht.

En cada rendición de cuentas hechas desde que asumió la Presidencia en 2012, se ha referido a un tema puntual que se destaca dentro de los reportes sectoriales a los que pasa revista, como el aparte que hizo en 2013 para anunciar la revisión del contrato entre el Estado y la minera Barrick Gold.

De los temas abordados, algunos produjeron resultados, otros siguen pendientes. Reproduzca los siguientes vídeos para escuchar el momento exacto en el que Medina se refiere a temas especiales en cada rendición de cuentas.

En la rendición de cuentas de 2018 el presidente no tomó tiempo para volver a hablar de temas espinosos como la corrupción y el caso Odebrecht. A este último le dedicó un segmento en la comparecencia que hizo un año antes.

En 2018 abordó el tema de la transparencia, hizo referencia a medidas tomadas para los procesos de compras y contrataciones públicas, y la instauración de las Comisiones de Ética Pública.

Abordó el tema fronterizo, en lo referente a la seguridad de esa zona. Dijo que el país gana mucho “del intercambio de bienes, de personas, de ideas, y eso no va a cambiar”, y enfatizó la necesidad de que “el tránsito en nuestras fronteras esté sujeto al imperio de la ley”.

Anunció en ese entonces que se adicionarán en la frontera 900 soldados a las fuerzas de seguridad, además de coordinar a todas las instituciones que trabajan en la zona.

A pesar de las acciones anunciadas por el mandatario y otras tomadas en el transcurso de ese año, la frontera domínico-haitiana sigue afectada por el tráfico de indocumentados, apoyado en ocasiones por los militares encargados de custodiarla, por oficiales de Migración y otros funcionarios. A esto se suma una justicia débil que escasamente sanciona el delito.

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La opinión pública ejercía presión para que el presidente se refiriera al caso Odebrecht en su rendición de cuentas de 2017 y el mandatario no lo obvió. Ese 27 de febrero afirmó en su alocución que no dejará espacio a la impunidad en el caso de los sobornos entregados por la empresa Odebrecht, que en 2016 admitió el pago de US$92 millones en coimas en el país entre 2001-2014 para asegurar contratos públicos.

“No existen vacas sagradas en este gobierno y no existirán mientras yo sea el presidente de la República”, dijo.

Recordó que no bien se anunció el acuerdo de Odebrecht con la justicia de los Estados Unidos y Brasil, el Ministerio Público dominicano “se puso a trabajar sin descanso” y a gestionar información.

“Todo aquel que haya incurrido en este esquema de acto ilícito será conducido a la Justicia”, afirmó.

En la presente semana el caso Odebrecht continúa con las exposiciones de la defensa ante las acusaciones que hace la Procuraduría General de la República. Ayer le tocó al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, a quien el Ministerio Público acusa de recibir soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros delitos.

En un principio se les conoció medida de coerción a 14 imputados, pero el 7 de junio de 2017, en una alocución transmitida por televisión y redes sociales, el procurador Jean Alain Rodríguez anunció que se presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra siete personas, seis de estas de los 14 imputados originales.

Informó que no se encontraron evidencias suficientes en su contra y se archivarán provisionalmente los expedientes de César Sánchez, Julio César Valentín, Temístocles Montás, Bernardo Castellanos, Máximo De Óleo, Alfredo Pacheco, Radhamés Segura y Ruddy Gonzalez.

Además de Díaz Rúa, los procesados son el empresario Ángel Rondón, el abogado Conrado Pittaluga, el expresidente del Senado Andrés Bautista, el senador Tommy Galán, el exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (Inapa) Roberto Rodríguez y el expresidente del Senado Jesús Vásquez.

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El presidente celebró que días antes de su rendición de cuentas de 2016, el Tribunal Superior de Tierras ratificó la sentencia que declaró sin ningún valor y efecto jurídico las cartas constancias anotadas, los deslindes y certificados de títulos expedidos a favor de particulares en miles de metros cuadrados de terrenos en Bahía de las Águilas.

“¡Hoy podemos decir que el secuestro ha definitivamente terminado!”, proclamó.

A pocos días de finalizar el 2018, la Suprema Corte de Justicia falló las últimas 53 sentencias a favor del Estado y dio por cerrado el ciclo del caso Bahía de las Águilas, considerado como “el caso más grande de la historia inmobiliaria de la República Dominicana”, y que duró más de 20 años en los tribunales.

Pero a principios de enero de 2019 la abogada Laura Acosta Lora, quien representó al Estado dominicano en la litis judicial, consideró que el caso “no se ha terminado”, porque “sin los ladrones presos no ha terminado nada”.

“El Estado recuperó los terrenos de Bahía de las Águilas, ahora hay que perseguir penalmente a los ladrones”, dijo la abogada en un programa de televisión.

La rendición de cuentas estuvo precedida por críticas y presiones internacionales por la política migratoria del Estado dominicano. Desde junio del año anterior se venía ejecutando el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que impactó en su mayoría a inmigrantes haitianos.

Funcionarios defendieron en foros internacionales la política migratoria dominicana, cuyas últimas decisiones afectan también a descendientes de haitianos. Las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA) fueron escenarios a donde llegaron, y el presidente aprovechó para respaldarla en su discurso al país.

“Quiero dejar claro también que ninguna nación del mundo ni ningún organismo internacional puede exigir a la República Dominicana que, en materia de régimen migratorio ni de ningún otro derecho soberano, asuma sacrificios al margen de lo que su ordenamiento constitucional y legal prevean”, aseveró.

En la rendición de cuentas de 2014 el presidente reafirmó que el viejo problema eléctrico del país quedaría solucionado en 2016, pero al 2019 esa promesa está retrasada.

En ese entonces detalló que se licitaba la construcción de dos plantas de generación a carbón en Punta Catalina, Baní, que producirán 380 megavatios cada una. Pero el proyecto ha sido afectado por problemas de financiamiento y cuestionamientos al proceso de adjudicación ganado en 2013 por el consorcio Odebrecht-Tecnimont-Ingeniería Estrella.

Luego de que Odebrecht admitiera el pago de sobornos en el país, el Poder Ejecutivo ordenó a una comisión que investigara el proceso de adjudicación. En junio de 2017 la comisión rindió un informe en el que precisó que no pudo comprobar sobrevaluación en la construcción de la central termoeléctrica y concluyó que el Gobierno debe continuar la obra para evitarle pérdidas cuantiosas al Estado y beneficiar la matriz eléctrica.

Recomendó, además, analizar la continuidad o no de Odebrecht al frente, con base a una serie de requisitos, que se determinen las razones del retraso de la obra y proceder como correspondan, así como no aceptar ajustes de precio hacia arriba de lo establecido en el precio contratado (US$1,945 millones).

La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) informó el pasado domingo que Punta Catalina continúa en periodo de prueba antes de entrar en servicio al sistema energético nacional. La última fecha dada por el Gobierno para su entrada en operación fue el 15 febrero, con 50 megas que llegarían a 200 antes del día 24.

Para la rendición de cuentas de 2013 había una presión social para que se revisara el contrato con la minera Barrick Gold por considerar que las condiciones con las que se aprobó en 2003 ya no beneficiaban al Estado.

El presidente anunció en su discurso que le correspondía a la Barrick Gold aceptar la invitación para que, por mutuo acuerdo, modifique la distribución de los ingresos por la explotación del oro en la mina de Pueblo Viejo.

El 1ro. de octubre de 2013, meses después de la rendición de cuentas, la Cámara de Diputados aprobó la Segunda Enmienda al Contrato Especial de Arrendamiento de Derechos Mineros (CEAM) entre la Barrick Gold y el Gobierno. El acuerdo garantiza que, a un precio promedio del oro de US$1,600/oz, el gobierno, recibirá ingresos de alrededor de US$11,615 millones durante la vida del proyecto. Este monto equivale al 51.3 % del total de los beneficios brutos, en vez de un 37.1 %, que recibiría con el acuerdo anterior.

En la rendición de cuentas, el presidente también anunció el sometimiento al Congreso Nacional de un proyecto de ley que establecerá un impuesto sobre los ingresos inesperados de las empresas exportadoras de minerales.

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